Guaraníes defienden estatuto de las comunidades indígenas
Preocupados por la posibilidad de modificación de la Ley 904/81, la Federación de Comunidades Indígenas Guaraníes, envió una nota al Presidente de la Cámara de Senadores manifestando su rechazo al proceso en curso ya que no cuenta con la participación de importantes organizaciones indígenas de la Región Oriental del Paraguay.
Desde que se inició en el Paraguay la denominada “reforma del estado” hace algunos años, los poderes del Estado han venido apuntando sobretodo a la transformación y, en algunos casos, eliminación de las instituciones que más afectan a los sectores sociales. De esta manera el otrora Instituto de Bienestar Rural se convirtió en el INDERT (Instituto de Desarrollo Rural y Tierras), los bancos estatales destinados a fomentar la producción agrícola y el desarrollo campesino como el Banco de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación, están en un proceso de unificación que los convertiría en una sola institución pública financiera de segundo piso, con severos recortes en sus prerrogativas para dar créditos blandos a los pequeños productores. Parte de la misma política constituye la restricción de los fondos públicos orientados al sector social, entre ellos, los destinados al pago de las expropiaciones e indemnizaciones para dar tierra a los pueblos indígenas.
En este marco hay que ubicar la orientación de los poderes del estado de modificar la Ley 904/ 81 “Estatuto de las comunidades indígenas” que, después de varios intentos, ahora han logrado una media sanción, es decir, la aprobación de modificaciones en la Cámara de Diputados, dichas modificaciones deberán ser discutidas en la Cámara de Senadores.
Los pueblos indígenas guaraníes – los más numerosos del país – organizados en la Federación no han tenido ninguna participación en el estudio de las modificaciones y, como reza la nota, los dirigentes tomaron conocimiento “a través de informaciones de prensa”.
El texto de la comunicación, enviada al Presidente de la Cámara de Senadores el 19 de octubre de 2005, ratifica la vigencia de dicha ley, sobretodo el Título I, Cap. I y II que “contienen principios y conceptos que hacen al derecho de los pueblos indígenas, inalienables e imprescriptibles y consagrados en la Constitución Nacional vigente.”
Asimismo, la Federación reclama “que el Congreso Nacional dote a las instituciones responsables de la aplicación de la política indígena del país los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines, como ser Presupuesto adecuado para la indemnización por las tierras indígenas, medicamentos básicos a los puestos y centros de salud y exigir al Ministerio de Educación el desarrollo de una educación indígena, con enfoque intercultural y bilingüe.”
Está firmada por dirigentes de seis asociaciones miembros de la Federación de Asociaciones de Comunidades Indígenas Guaraníes de la Región Oriental del Paraguay: Asociación de Comunidades Indígenas Paî Tavyterâ “Paî Retâ Joaju”, de los Departamentos de Amambay y Concepción; Asociación de Comunidades Indígena Avá Guarani “No’ovusu” del Departamento de Canindeju; Asociacion de Comunidades Mbya Guaraní “Ñogueroî Pavê’i” de Caaguazú; Asociación de Comunidades Mbya Guaraní “No’oñendua” de Canindeju y la Asociación de Comunidades Mbya Guaraní “Mba’e Pu Porâ” del Departamento de Itapúa.
SAI 24/10/05